martes, 18 de mayo de 2010

Hacia el Bicentenario de nuestra nacionalidad - primera parte

No hay dudas que fue la propia clase dirigente de España la que provocó, con su política exterior errática de fines del siglo XVIII y principios del XIX, y la postergación de sus hijos nacidos en los territorios de ultramar, la emancipación de la mayor parte de éstos. La semilla de disgregación del Imperio tal vez viene de mucho tiempo atrás, cuando el centralismo de la metrópoli subordinó al bienestar de ésta el desarrollo de sus propias posesiones en Indias.

Cuando subió al trono Carlos III (1759-1788) España era un rico y extenso imperio con un poderío militar y naval de primer orden. Durante ese lapso, aliada de Francia, estuvo en guerra con Gran Bretaña y Portugal (1761-1763), con pérdidas territoriales (territorios del golfo de México, la Florida y la Colonia del Sacramento, en el Río de la Plata). Pero posteriormente, también aliada a Francia, participó en la guerra de Independencia de Estados Unidos (1775-1783) en apoyo de las 13 colonias rebeldes, bloqueando eficazmente las costas del golfo de México, con lo que evitó que Gran Bretaña pudiera abrir otro frente desde ellas, y a su término, a través del Tratado de Versailles (1783) recuperó la Florida. En este periodo, sin embargo, la política interior de España se dirigió más bien al desarrollo del territorio metropolitano, aunque se liberalizó un tanto el comercio con América. Y podemos anotar un hecho desfavorable en nuestro continente acaecido en 1767: la expulsión de los Jesuitas de todo el territorio del imperio, lo que implicó el fin de un proyecto interesante de integración de los naturales a la sociedad hispana, sin más justificación que los recelos de la corona acerca de la fidelidad de los súbditos (los aborígenes eran tales una vez catequizados y bautizados) de las reducciones, que habían alcanzado cierto grado de independencia económica, cultural y militar, sin implantar instituciones como el derecho de propiedad sobre la tierra, extraño a sus costumbres ancestrales.

Al heredar el trono Carlos IV, sobrevinieron acontecimientos que alteraron totalmente la política hispana: la revolución francesa de 1789. La muerte del rey Luis XVI en la guillotina (1793) hace que España, aliada tradicional de Francia, se enfrente ahora a ésta junto con las demás potencias europeas (Guerra de la Convención) en la que España es derrotada

La subsiguiente paz de San Ildefonso obligaba a España a enfrentarse a Gran Bretaña y en ese marco tuvo lugar la humillante derrota de la flota española en Cabo San Vicente, a manos del Almirante inglés John Jarvis. Sin embargo, el advenimiento al trono de Napoleón Bonaparte transforma nuevamente a Francia en aliada y España se enfrenta nuevamente a Gran Bretaña. En 1805 la flota española, de la que quería valerse Napoleón para una maniobra disuasiva que le permitiese invadir las Islas Británicas es destruída en Trafalgar, en las cercanías del puerto de Cádiz, por la flota inglesa al mando del almirante Horatio Nelson.

Toda esta política exterior, que en definitiva postergaba lo que hubiese convenido a España en cuanto a afianzar su presencia en América y los vínculo de virreinatos, capitanías y provincias con la Metrópoli, culminaron con un plan de invasión a Portugal, aliada de Gran Bretaña, que significó la ocupación del territorio español por parte de las fuerzas francesas destinadas a ese objetivo, en 1808. Un motín popular contra el rey, en Aranjuez, determinó la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII y el encuentro de éstos con Napoleón en Bayona, donde el heredero devolvió la corona a su padre y éste cumplió su compromiso de ceder sus derechos a la corona a favor de Napoleón quien, por su parte, designó como nuevo rey de España, a su hermano José I.

Al trascender estos vertiginosos acontecimientos, el 2 de mayo de 1808 comenzó en España, en Móstoles, un pueblito de labradores en las cercanías de Madrid, y con un mero levantamiento popular, la guerra de la Independencia contra la ocupación francesa. Desconociéndose la autoridad que pretendía ejercer José I se crearon diversas gobiernos colegiados regionales que terminaron reconociendo como autoridad superior, a la Suprema Junta Central y Gubernativa del Reino, con sede en Aranjuez (residencia real, a 47 Km. de Madrid), primero, y a medida que progresaba la invasión napoleónica, sucesivamente en Extremadura y en Sevilla.

Entre tanto, con suerte varia, las tropas regulares españolas enfrentaron a los ejércitos de Napoleón; a la victoria de Bailén (18 a 22 de julio de 1808), donde combatió el futuro General José de San Martín, siguieron sucesivas derrotas que fueron estrechando el cerco del territorio que efectivamente controlaban las autoridades de la Suprema Junta Central; cuando las fuerzas inglesas comandadas por Wellington que habían ingresado para luchar con las españolas contra el invasor francés se retiraron a Portugal, quedó abierto para Napoleón el camino hacia Andalucía. El 20 de enero de 1810, las fuerzas regulares españolas fueron derrotadas por el brigadier Nicoleus Soult, en la batalla de las Navas de Tolosa. Sucesivamente, cayeron Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga. Sólo restaba Cádiz. Allí refugiada, la Junta, que ya había perdido el favor popular por los desaciertos en la defensa de la Nación, nombró un Consejo de Regencia[1]

Por decreto del 14 de febrero de 1810, el Consejo de Regencia llamó a elección de diputados de América para tomar parte en las Cortes Generales. El decreto fue acompañado por una proclama dirigida a los españoles-americanos que, en lo esencial decía así:

«Desde este momento, Españoles americano, os veis elevados a la dignidad de hombres libres, nos sois ya los mismos de antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras más distantes estabais del centro del poder: mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened presente que al pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos ya no dependerán de los Ministros ni de los Virreyes ni de los Gobernadores; están en vuestras manos».[2]

Las vísperas del 25 de Mayo

En base a noticias impresas en Londres entre el 16 y el 24 de febrero de 1810 se conocieron en Buenos Aires las alarmantes noticias sobre el avance incontenible de los ejércitos franceses sobre Andalucía, la disolución de la Suprema Junta Central desprestigiada y hasta repudiada por una parte del pueblo español que experimentó su ineficacia y la instalación del Consejo de Regencia. El virrey Cisneros no las ocultó: ordenó que fueran publicadas y el 18 de mayo dio a conocer una proclama en la que declara que de producirse una total pérdida de la península, toda determinación que él adopte será acordada en unión de todas las Representaciones de Buenos Aires, a las que posteriormente se agreguen las de las Provincias dependientes, entre tanto que se acuerde con los demás Virreinatos una representación de la Soberanía de Fernando VII.

Si bien es común ubicar en el inicio del proceso que culmina con la instalación del Primer Gobierno Patrio la proclama difundida por el Virrey Cisneros el 18 de mayo de 1808, no podemos ignorar que hacía tiempo que la población estaba anoticiada de las alarmantes novedades llegadas en navíos ingleses.

Varios eran los motivos de descontento de «la parte principal y más sana del vecindario» que fue la convocada al Cabildo abierto del 22 de Mayo, donde se votó y aprobó la caducidad del mando del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. No podemos dejar de reconocer que las inquietudes no trascendían más allá de las autoridades, los eclesiásticos, los profesionales, los jefes y oficiales de los distintos cuerpos militares, los comerciantes y algún grupo reducido de habitantes de Buenos Aires no comprendidos en esa enumeración. El grueso de la población no participaba de la agitación. Había, eso sí, un descontento generalizado hacia la preferencia que para todos los nombramientos tenía la Corona hacia los nacidos en la península. Pero nadie, salvo esa porción de la población porteña, pensaba en que corriera riesgos la serenidad y sosiego con que transcurrían los días en estas comarcas tan distantes de la metrópoli, tras la conmoción y heroicas luchas de 1806 y 1807 ante el invasor inglés. El interior en general, también estaba ajeno a esas preocupaciones.

En Buenos Aires, en cambio, las noticias sobre la invasión y arrollador avance francés en la península, fueron vividas por buena parte de los vecinos más caracterizados, con verdadera aprehensión. Ya se había tomado conciencia de las posibilidades de conducción propia con la forzada delegación del mando militar del virrey Rafael de Sobremonte en Santiago de Liniers tras la primera incursión inglesa en el Río de la Plata, en 1806, y la posterior deposición lisa y llana de aquél. Al conocerse la invasión napoleónica a la Metrópoli, un intento del Cabildo de destituir a Santiago de Liniers, por dudarse de su lealtad en su condición de francés (1º de enero de 1809), fue frustrado por los cuerpos militares criollos. Se había aceptado la designación de la Suprema Junta Central de un nuevo Virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, pero ahora ese organismo, de donde dimanaba su autoridad había cesado… y no pocos pensaban que, hallándose en el trono de España José Bonaparte, el Virrey podría aceptar la ratificación de éste y gobernar a su nombre… La consigna que se extendió entonces fue la de aceptar «al amo viejo» o a ninguno…

Se sucedían reuniones de patriotas en las casas de Chiclana, Vieytes y Nicolás Rodríguez Peña, donde se cambiaban ideas y se planificaban acciones para suplantar la autoridad del Virrey, que a juicio de los mismos, desaparecida la Suprema Junta Central, carecía ya de legitimidad.

El clero porteño, por su parte, participaba de la conmoción del vecindario: también buena parte de los regulares y seculares nacidos en Buenos Aires sentían el fastidio de verse postergados frente a los nacidos en la Metrópoli, preferencia que llegaba a notarse incluso en la designación de los obispos de la Diócesis; en efecto, desde la creación de ésta, por división de la jurisdicción eclesiástica del Río de la Plata en 1620, de los 14 obispos designados sólo 3 habían nacido en Buenos Aires. No obstante, también ellos estaban dispuestos a permanecer como súbditos de la Casa reinante en España, en un pie de igualdad con los súbditos nacidos en la península, pero no como vasallos de un rey usurpador.

Tras las noticias traídas por los navíos ingleses y la proclama de Cisneros del 18 de mayo, se sucedieron los acontecimientos. La promesa del manifiesto del Virrey de gobernar con el acuerdo de los distintos segmentos de la sociedad porteña no satisfizo a quienes recelaban de su fidelidad y en no pocos, seguramente, comenzó a germinar la idea de que si la solución era esa, también lo era que aquellos llamados a «acordar», lo hicieran entre sí con prescindencia de Cisneros. Empero, todavía quedaba en pie, siquiera formalmente, el concepto de ejercer una representación del monarca cautivo, Fernando VII.

Los pasos siguientes de los patriotas se dirigieron, pues, a obtener del Virrey su voluntario apartamiento del cargo, fundados en la caducidad de su mandato. Las gestiones se sucedieron, en el Cabildo, donde fueron convocados los comandantes de los cuerpos militares para conocer su opinión, y en conciliábulos de vecinos, a los que se agregaron muchos otros convocados por la labor de fervorosa difusión de French y Beruti. En sus «Memorias curiosas» Juan Manuel Beruti, hermano del último de los citados y testigo privilegiado de esos acontecimientos, menciona que el 19 de mayo, los cabildantes decidieron comunicar al Virrey la necesidad de … «poner a cubierto estas provincias del Río de la Plata de las acechanzas e insultos de nuestros enemigos, máxime viéndonos sin representación soberana legítima, pues ésta había caducado con la pérdida de Sevilla, e igualmente la autoridad del Excelentísimo señor Virrey por falta de aquella, de la cual dependía y, por lo mismo, determinaron hacer saber a su Excelencia para que en su virtud, abdicara el mando en el Excelentísimo Cabildo, para que éste, con anuencia del pueblo tratara de formar el gobierno que debíamos adoptar».

El cronista continúa diciendo: «Efectivamente, el Excelentísimo Cabildo en este mismo día lo representó al Virrey verbalmente por diputados que le mandó, que fue el señor Alcalde de Primer Voto quien así lo hizo; pero el Virrey, para deliberar, llamó a los Comandantes de los cuerpos y ante el Alcalde les dijo le manifestasen su parecer, a lo que contestaron diciéndole abdicara el mando, pues el pueblo así lo pedía y de oponerse a ello daba lugar a un tumulto exponiendo al pueblo y su persona y por lo mismo debía obviarla propendiendo a la paz, unión y buena armonía. Oído por el Virrey esto por boca de Saavedra, Comandante de Patricios, y que no tenía remedio, contestó al señor Alcalde que para contestar a su solicitud se lo hiciera saber el Excmo. Cabildo por oficio que él contestaría»[3].

Las dos instancias sucesivas (la cesantía del Virrey por la vía del Cabildo ordinario y la elección de nuevo Gobierno en Cabildo abierto) constan en el acta del Cabildo del 21 de mayo de 1810. Y fueron justamente éstas las que se pusieron en consideración de los 251 vecinos, representantes como dijimos de «la parte principal y más sana del vecindario» que respondieron a la convocatoria al Cabildo Abierto del 22 de mayo, tras haber sido cursadas 450 invitaciones.

Notas:
[1] El descontento popular se advierte en el texto del Real Decreto de la Suprema Junta Central que dispone la creación del Consejo de Regencia: «Al reunirse la Junta Suprema Central de España e indias, en la real isla de León… los peligros del estado se han aumentado en gran manera, no tanto por los progresos del enemigo como por las convulsiones que nos amenazan. La mudanza local en el gobierno para la Junta y las Cortes no podía demorarse sin exponer la patria al mayor riesgo. Pero esta alteración no pudo ni debió haberse hecho por un partido, por un distrito, o por un individuo, y si tal hubiese sucedido, sería el efecto de la alarma, o un tumulto y no de la ley; en tal caso, sería la obra de una cábala facciosa, en lugar de ser la decisión de toda una nación o de sus legítimos representantes. Si las calamidades que nos afligen y la opinión pública en que ellas influyen, requieren un Consejo de Regencia y piden que se nombre inmediatamente, su nombramiento a ningún otro pertenece sino a la autoridad suprema establecida por el consentimiento nacional, obedecida por ella y reconocida por las provincias, los ejércitos, nuestros aliados y las Américas. El poder solamente que una autoridad como ésta puede conferir, será legítimo y justo y tal, cual represente la autoridad de la monarquía» (Vicente D. Sierra, o. c., pág. 504)

[2] Vicente D. Sierra, o. c., pág.506.

[3] Roberto H. Marfany «Origen del Cabildo de Mayo», en «Historia», Buenos Aires, abr/jun 1965, pág. 8-9. Según dicho historiador, esta narración de Beruti debe considerarse como la fuente de mayor fidelidad. Surge de ella que quienes interpelaron al alcalde Lezica y al síndico Leiva –nombrados aquí «el Cabildo de Buenos Aires con acuerdo de los jefes militares y demás vecinos y ciudadanos condecorados»- promovieron estas dos etapas sucesivas: 1º) que el Virrey «abdicara el mando en el Excmo. Cabildo»; 2º) «que éste, con anuencia del pueblo tratase de formar el Gobierno que debíamos adoptar», es decir, en Cabildo abierto. Ambas soluciones están expresadas también de manera coincidente en el informe de la Real Audiencia.


Fuente:
http://www.merced.org.ar/

(Material desarrollado en el programa radial EL ALFA Y LA OMEGA, emisión número 441 del 18.05.2010)

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